Las juventudes salvadoreñas frente al Decreto 743

San Salvador, 17 de Junio de 2011

César Neftalí Artiga Cartagena. Director Ejecutivo de la Asociación Nueva Vida Pro-
Niñez y Juventud, en representación de SIGLO XXII: Paz Sustentable y Grupo “Sin
Cuenta” (G50).

Las juventudes salvadoreñas frente al Decreto 743

El 2 de junio del presente año, el poder legislativo de la República de El Salvador
representado en la Asamblea Legislativa, en cooperación con la Presidencia de la
República, creó el Decreto 743 llamado el “Decreto express”, por la manera y forma
expedita que fue declarado ley de la República. Este decreto reforma la Ley Orgánica
Judicial en sus Artículos 12 y 14. Dichas reformas llevan como objetivo el que las
resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sean
emitidas por unanimidad y no por mayoría, que es la forma constitucional de dictar
sentencias en todas las salas del órgano judicial.
La Sala de lo Constitucional conformada por 5 magistrados, tiene dentro de sus
funciones emitir sentencias sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, tratados y/o convenciones que sean denunciados por la sociedad civil.
Desde hace unos meses la presente Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias en
temas claves como la desinscripción de los partidos PDC y PCN por la
inconstitucionalidad de un decreto emitido en un gobierno anterior, que les devolvía la vida, luego que después de las elecciones presidenciales del año 2009 no alcanzarán el porcentaje de votos que el Código Electoral exige. Además de ordenar al Tribunal Supremo Electoral la cancelación de estos partidos, declaró ilegal los nombramientos de dos magistrados que estos partidos tenían en el organismo electoral.
A esta sentencia se unen otras resoluciones sobre recursos y denuncias de
inconstitucionalidad que están en estudio, tales como: La Ley de Integración
Económica (que fue con la que se dolarizó la economía salvadoreña y el país dejó de
tener su propia Política Monetaria), la partida de gastos imprevistos de la presidencia, el Tratado de Libre Comercio con los USA, la Ley de Amnistía, etc.
Con este decreto se da un golpe no solo a la democracia del país y peor aún estamos
ante un golpe de estado consumado, por más intentos de negarlo de ciertos sectores
académicos que haciéndose valer de tecnicismos, manipulan al imaginario colectivo
con frases que más bien tienen por objeto desviar la atención de la presión pública que se realiza en las calles, donde se moviliza y manifiesta el malestar de la ciudadanía organizada y no organizada por exigir a los artífices de este hecho la derogación de dicho decreto.
El Decreto 743 y la forma express que le dio vida puso al desnudo la realidad de
quienes en puestos de decisión del más alto nivel, pagados por el pueblo, se
benefician a manos llenas, y aseguran mantener sus grandes privilegios económicos y
sociales. Ya en ciertos sectores de las Organizaciones de la Sociedad Civil se está
hablando de la posibilidad de llevar esto más allá en el sentido de proponer un
referéndum que conlleve a la reforma política y electoral del Estado de El Salvador. El ciudadano presidente se apresura para llevar también su propia propuesta de ley sobre estas situaciones, sin haber nunca asumido su responsabilidad en garantizar la manera torpe e irresponsable de haber contribuido a ratificar como ley de manera expresa y con dispensa de trámite el Decreto 743. Hay especulación que con las alianzas que se han formado en la asamblea y otros espacios, se trate de reformar la Constitución de tal forma que permita la reelección presidencial, y que el primer beneficiario sea Funes.
Ante todas estas situaciones generadas en el contexto del decreto express 743, surgen
de inmediato movimientos y expresiones de todas las fuerzas vivas del país, desde las
universidades, aunque en algunos casos, como el de la Universidad de El Salvador, que
es la única universidad pública de el país, en la que se observa posicionamientos nada oportunos y ni definidos de cara al papel que el rector de esta universidad juega en guiar el rumbo en las situaciones que afectan a la sociedad en su conjunto. Sectores empresariales y sociales se han manifestado vertiendo opinión en contra de este Decreto, y demandando su derogación.
Desgraciadamente, para la ciudadanía y el país en general, estas decisiones - decretos merman el funcionamiento de una de las instituciones del Estado que más esperanza y garantía daba a los diferentes sectores del país, ya que al estar cumpliendo decentemente con su papel, hoy Ejecutivo y Legislatura ponen freno a los incipientes pasos que se han dado para transformar el sistema político y electoral del país; un sistema político troglodita y desfasado que no ha permitido el fortalecimiento de las instituciones, y la participación ciudadana y ha corrompido a las mismas para que el aparato del Estado este al servicio de grupos que se han enriquecido y que han acelerado el proceso de empobrecimiento de las grandes mayorías. Por lo que queda demostrado que el país sigue siendo manejado por un pequeño grupo de poder económico, y la presente clase política que tiene secuestrado al país y a las instituciones del Estado.
La indignación pública es generalizada en diferentes sectores de la población, y llama la atención como las juventudes se están pronunciando y generando opinión tanto a través de las manifestaciones de calle Y como en las redes sociales donde se levantan movimientos de jóvenes universitarios que de forma creativa utilizan las TIC para expresarse.
El país vive una coyuntura especialmente delicada en diferentes escenarios. En el tema ambiental en el año 2010 la misión del Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y
Coordinación en Caso de Desastres (UNDAC) presentó su informe donde según las
mismas autoridades internacionales deja al país en la posición de la nación más
vulnerable del mundo en cuanto a la capacidad de El Salvador para la respuesta a
desastres. El 87.7% del territorio nacional es área de riesgos, y el 95.7% de población vive en riesgo.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la ONU nos ha declarado el país más violento del
mundo con una tasa de homicidios alta por día, aunque las autoridades de seguridad,
Fiscalía y Medicina Legal no logran homogenizar el dato que anda entre 12 a 14 diarios.
En el mes de julio de 2010 se presentó la Política Nacional de Juventud a través de la Dirección Nacional de Juventud (DNJ) de la Secretaria de Inclusión Social (SIS) dirigida por la esposa del ciudadano Presidente de la República. En este contexto se realizó un ejercicio de Consulta Nacional a las Juventudes de todo el territorio, que dio como resultado que aunque en el proceso hubo aciertos, también hay señalamientos
puntuales de inconsistencias. Además en el tema de prevención de la violencia juvenil
el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) impulsaba diferentes
emprendimientos como el programa PROJOVENES financiado por la Unión Europea
donde se construía infraestructura recreativa y deportiva en comunidades con altos
índices de violencia. Todos estos emprendimientos puntuales que se realizaban desde
estas instituciones han sido coartados de la noche a la mañana con la creación del
Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE), del que como juventudes organizadas no
conocemos cual será su rol en pro de políticas de estado, de gobierno por y desde las
juventudes, y sobre todo no tenemos claridad del cambio que representa en cuanto a
la institucionalidad PARA la inclusión de las juventudes en nuestro país.
Vemos con mucha preocupación que dentro de la Administración Funes, se ha vuelto
hábito el desacreditar y remover de su cargo a personas que están impulsando el
programa de gobierno, lo que ha resultado en un profundo desencanto desde la
ciudadanía. Es larga la lista de funcionarios removidos a la fecha por el ciudadano
presidente, quien aduce en cada caso pérdida de confianza. Y es que acaso no las
juventudes y otros sectores de la población ya hemos perdido también la paciencia y la
confianza en el ciudadano presidente Funes y no hemos actuado de oficio ante lo que
la Constitución establece: que el ciudadano tiene el derecho a la insurrección cuando
se haya roto el orden constitucional, que es precisamente lo que ocurre en este
momento en nuestro país.
Es importante que el Estado recobre su estabilidad, de no cumplirse esto el
descontento crecerá y ejercerá tanta presión que afectará la gobernabilidad, el debate
está más allá ahora de ideologías de derecha e izquierda, se trata sobre la
constitucionalidad del país.
Muchos catalogan a la democracia salvadoreña como una tragedia prolongada. Es
sorprendente la manera en que la historia alecciona a los pueblos. Bien dicen algunos
teóricos de la dialéctica que cuando las crisis sociales y políticas agobian a los pueblos,
se evidencian las debilidades morales de los políticos y estos se desnudan ante sus
pueblos. Esta es la gran lección que la actual coyuntura política del país pone en
evidencia.
La desilusión e indignación del pueblo con el ciudadano Funes, asimismo con l@s
legislador@s, mal llamad@s aun en este país, padres de la patria, es grande. Como
juventudes consideramos que esta crisis puede/debe convertirse en la apertura hacia el
trabajo preclaro y por la esperanza de la democracia, con una sociedad civil activa y
participativa, exigiendo proponiendo y creando en tiempo real en el aquí y ahora,
soluciones a los grandes problemas que afectan a nuestro país.
Que puede hacerse en solidaridad:
Urge que entidades serias de la comunidad internacional no se den por desentendidas
a esta grave situación que vivimos en El Salvador. Sabemos que por falsos entendidos,
no se ha dado a conocer la información de tal situación que vivimos desde junio 3,
2011, aunque ya información pública da a conocer que este Decreto se ha estado
trabajando desde un año atrás, y en particular en la última época de semana santa.
Urge que se documente la situación del llamado Decreto express que vive el pueblo
salvadoreño. Se debe documentar y estudiar seriamente, para tomar las medidas de
paz, y legales necesarias que garanticen la paz y el desarrollo social del país. Esto es
urgente… así, como visualizar el papel que decretos de este tipo juegan en contra de la
democracia y la paz en el mundo a fin de evitar que se vuelva un modus operandi
aceptado, tal como sucedió con el golpe de estado en Honduras, donde aun luego de la
reciente aceptación de Honduras de nuevo en la OEA, las violaciones flagrantes a los
derechos humanos continúan…